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Causa ‘Facturas Truchas’: la Justicia Federal ratificó el traslado de Fernando Ayala al Hospital Perrando

La Cámara de Apelaciones priorizó el derecho a la salud del interno ante el riesgo de un agravamiento en sus condiciones de detención. El Servicio Penitenciario Federal había cuestionado la medida, alegando que el detenido ya recibía asistencia interna.

 

 

En un fallo que reafirma la preeminencia de las garantías constitucionales sobre las formas administrativas, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la orden de brindar atención médica externa a Fernando Adrián Ayala. El interno, alojado en la Prisión Regional del Norte (U7), padece un cuadro de salud que la Justicia calificó como un agravamiento de sus condiciones de encierro.

 

El conflicto con el Servicio Penitenciario
La resolución, firmada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, rechazó la apelación presentada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El organismo de seguridad había objetado el traslado al Hospital Perrando argumentando que no se cumplieron pasos procesales —como la audiencia del artículo 14 de la Ley de Hábeas Corpus— y que Ayala ya estaba bajo tratamiento intramuros.

Sin embargo, el tribunal fue tajante al señalar que las objeciones formales no pueden estar por encima del derecho a la salud de un detenido. Para las magistradas, la intervención judicial resultó «idónea, urgente y eficaz» para resguardar la integridad del procesado.

 

Diagnóstico y atención médica
Durante el proceso, se confirmó que Ayala fue finalmente trasladado al nosocomio local el pasado 22 de enero. Allí se le practicaron estudios de laboratorio (incluyendo pruebas de VDRL con resultado negativo) y se programaron interconsultas con las áreas de Infectología y Urología para continuar con su tratamiento.

 

Contexto de la detención
Fernando Ayala se encuentra privado de su libertad en el marco de una investigación de alto perfil por presuntas maniobras de facturación apócrifa, asociación ilícita y lavado de activos.

La causa, instruida por el fiscal federal Patricio Sabadini, busca desentramar una red dedicada al desvío de fondos públicos mediante cooperativas y fundaciones ficticias. El expediente incluye evidencias de viajes al exterior y la adquisición de bienes de lujo, movimientos millonarios que habrían sido financiados a través de este esquema ilegal.

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