Causa ‘Facturas truchas’: el Tribunal Oral Federal respaldó al fiscal y rechazó planteos de la UIF
El Tribunal Oral Federal de Resistencia resolvió este lunes dos cuestiones centrales en la causa conocida como “Facturas truchas”, en la que se investigan presuntas maniobras de asociación ilícita fiscal y lavado de dinero agravado vinculadas al desvío de fondos públicos mediante facturación apócrifa. En ambas decisiones, el tribunal dio la razón al Ministerio Público Fiscal y fijó límites claros sobre las pruebas que podrán ser analizadas en el juicio oral.
Vale recordar que la defensa del contador Walter Pasko, impulsó la incorporación de una denuncia penal presentada contra el fiscal Sabadini por presunto encubrimiento agravado, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Según esa presentación, el fiscal habría ocultado pruebas que vincularían a familiares directos con la operatoria investigada, que incluye presuntos delitos de lavado de activos y evasión tributaria.
Revés para las defensas
En primer lugar, el Tribunal hizo lugar al recurso de reposición presentado por el Ministerio Público Fiscal y dejó sin efecto la orden que disponía la remisión al expediente principal de una investigación preliminar que aún no se encuentra judicializada. Dicha investigación había sido cuestionada por las defensas del contador Walter Pasko, uno de los principales imputados, que reclamaban su incorporación alegando un supuesto conflicto de intereses del fiscal.
Por mayoría, los jueces consideraron que las investigaciones preliminares constituyen una herramienta exclusiva del Ministerio Público Fiscal, de carácter administrativo y reservado. En ese sentido, advirtieron que obligar a remitir una preliminar en curso implicaría una intromisión indebida en las atribuciones del fiscal y podría afectar el normal desarrollo de la investigación penal.
No obstante, el tribunal estableció que, una vez finalizada esa investigación, el MPF deberá informar su resultado y que, solo en caso de ser judicializada, las actuaciones podrán ser remitidas para su eventual análisis.
En una segunda resolución dictada el mismo día, el Tribunal rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), que cuestionaba el mecanismo dispuesto para la incorporación de actuaciones complementarias y la posible remisión de la misma investigación preliminar.
Los jueces señalaron que no se vulneró el derecho de defensa ni el principio de bilateralidad, ya que no se ordenó la incorporación automática de pruebas al debate oral. Por el contrario, se dispuso la conformación de un incidente específico, con participación gradual de todas las partes, para discutir la pertinencia, utilidad y admisibilidad de cada elemento probatorio antes de adoptar una decisión definitiva.
La causa
La investigación apunta a una presunta estructura de facturación apócrifa destinada a simular gastos y generar créditos fiscales, provocando un perjuicio millonario al Estado. De acuerdo con lo expuesto públicamente por el fiscal federal Patricio Sabadini, la organización habría utilizado claves fiscales de cooperativas y fundaciones formalmente constituidas, pero sin actividad real, para desviar fondos públicos que debían destinarse, entre otros fines, a la construcción de viviendas.
La causa también analiza el rol del IAFEP en la canalización de recursos hacia esas entidades, la posible vinculación con dirigentes sociales y maniobras de lavado de dinero, movimientos transfronterizos y la utilización de bienes de alto valor.
En términos económicos, la Fiscalía estimó que el daño fiscal por impuestos evadidos rondaría los 150 millones de pesos a valores de 2023, mientras que la facturación total bajo investigación superaría los 500 millones de pesos.
