Causa ANDIS: Casanello rechazó devolverle a Spagnuolo el dinero incautado
El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, para recuperar los 80.000 dólares y 2.000 euros que le fueron incautados durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación por presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos.
La defensa había solicitado la restitución del dinero al argumentar que se encontraba inmovilizado en una caja de seguridad del Banco Francés desde abril de 2023, antes de que Spagnuolo asumiera al frente del organismo por designación del presidente Javier Milei. Sin embargo, el fiscal federal Franco Picardi se opuso al planteo al considerar que la causa aún se encuentra en plena etapa de investigación.
En su dictamen, Picardi sostuvo que la complejidad del expediente, la existencia de una presunta red criminal y la posibilidad de aplicar sanciones económicas, multas y decomisos impiden, por el momento, devolver los fondos. Esa postura fue avalada por Casanello, quien señaló que el dinero podría constituir “instrumento o producto del delito” y resultar clave para eventuales reparaciones al Estado.
La decisión judicial ya fue apelada por la defensa ante la Cámara Federal, que deberá resolver si confirma el rechazo o habilita la devolución del dinero.
La causa tuvo su origen en agosto del año pasado, tras la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo denuncia un sistema de retenciones del 8% en la compra de medicamentos para la ANDIS, presuntamente articulado por Eduardo “Lule” Menem —cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— y la droguería Suizo Argentina.
En esas grabaciones, difundidas por el programa Data Clave del streaming Carnaval, el exfuncionario habla de un “kiosco” de entre 20.000 y 30.000 dólares mensuales y asegura que parte de esos fondos llegaban a funcionarios del entorno presidencial. También afirma haber advertido al propio Javier Milei sobre las maniobras irregulares.
La fiscalía investiga si existieron pagos de coimas, direccionamiento de contrataciones públicas y defraudación al Estado en un área sensible como la destinada a personas con discapacidad. Según la Justicia, la ANDIS habría funcionado bajo un esquema sostenido de irregularidades, utilizando el sistema informático SIIPFIS como una herramienta de aparente transparencia para encubrir las maniobras.
