Caso ‘Narcopolicías’: la Justicia resolverá en marzo la situación de los agentes detenidos
La situación judicial de los siete policías del Chaco acusados de intentar desviar casi 10 kilos de cocaína durante un operativo oficial de incineración se mantendrá sin modificaciones al menos hasta marzo, cuando la Justicia deberá definir si continúan detenidos o recuperan la libertad.
Así lo confirmó el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, quien explicó que los efectivos permanecen con prisión preventiva por un plazo de 90 días, en el marco de la investigación federal que analiza el presunto faltante de 9,49 kilos de cocaína —valuados en aproximadamente 142 mil dólares— durante la quema de estupefacientes realizada el pasado 18 de diciembre en el polígono policial de Colonia Benítez. “En el mes de marzo se estará resolviendo la situación legal de los involucrados”, indicó en comunicación con Radio Libertad.
En paralelo a la causa penal, los acusados afrontan un sumario administrativo interno. Romero detalló que todos fueron suspendidos preventivamente de sus funciones, con retención de haberes, y se les retiraron las armas reglamentarias y las credenciales. Aclaró además que esta medida es una atribución directa del jefe de Policía.
El titular de la fuerza señaló que, en caso de que los imputados recuperen la libertad, se evaluará la posibilidad de su reincorporación, aunque bajo condiciones estrictas. Entre ellas, deberán someterse a exámenes toxicológicos y psicológicos en el Departamento de Medicina Laboral, como ocurre en situaciones similares. Mientras dure la detención, explicó, a los 25 días se levanta la suspensión preventiva y los agentes pasan a la condición de “pasiva por delito”, conforme a la normativa vigente.
Respecto a la versión planteada por la defensa sobre la posibilidad de que uno de los “ladrillos” secuestrados sea de yeso y no de cocaína, Romero fue prudente. Señaló que la Policía del Chaco no participó de los peritajes ni de la confección de actas, ya que la investigación quedó a cargo de Gendarmería Nacional. “Por trascendidos se habla de esa posibilidad, pero no puedo confirmarlo ni descartarlo”, sostuvo.
En el mismo sentido, indicó que la fuerza provincial tampoco cuenta con detalles sobre los elementos incautados durante los allanamientos a los domicilios de los policías, entre ellos una balanza, ya que todo quedó bajo la órbita de la Gendarmería y del fiscal federal Patricio Sabadini.
El caso generó un fuerte impacto institucional, ya que involucra a oficiales y suboficiales que participaban de un operativo de incineración supervisado por autoridades judiciales y políticas. De manera provisoria, la fiscalía imputó a los siete efectivos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y peculado, agravado por su condición de funcionarios públicos.
