Caso Melchiori: comienzan las audiencias tras el habeas corpus de los médicos de Córdoba por detenciones arbitrarias
Comienza una audiencia clave en el marco del habeas corpus colectivo presentado por más de 20 profesionales de la salud contra el comisario Daniel Melchiori.
La acción judicial fue impulsada tras un polémico operativo en Taco Pozo, donde los médicos denuncian abuso de autoridad, detención arbitraria y hasta agresiones físicas por parte del funcionario policial.
El operativo que desató la controversia
El conflicto se originó durante un operativo realizado por Melchiori en medio de una jornada de atención comunitaria llevada adelante por la Fundación Todo por Todos.
Según el testimonio de los profesionales, el comisario irrumpió de manera violenta, lesionó a un chofer y detuvo a una médica mientras ejercía su labor sanitaria en el terreno. El hecho generó una fuerte reacción del personal de salud y organizaciones de derechos humanos.
Declaraciones clave
Durante la audiencia que se celebra en la localidad de Sáenz Peña, está previsto que presten declaración:
-Viviana Yzaguirre, presidenta de la Fundación Todo por Todos
-Silvia Arias, jueza de Paz de Taco Pozo
-Marcelo Soto, fiscal que intervino en el operativo
-Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba
Sus testimonios serán claves para esclarecer si hubo uso excesivo de la fuerza y si los procedimientos realizados por la Policía del Chaco vulneraron los derechos de los médicos.
Investigación paralela por Derechos Humanos
En paralelo, la Fiscalía de Derechos Humanos del Chaco abrió una investigación formal contra Melchiori por detenciones arbitrarias y abuso de poder.
El comisario no es ajeno a este tipo de denuncias: acumula más de 25 presentaciones en su contra por hechos similares. Tras la escalada del escándalo, Melchiori solicitó una licencia temporal de sus funciones.
Un caso que marca precedentes
El habeas corpus colectivo busca no solo garantizar la libertad de trabajo de los profesionales de la salud, sino también sentar un precedente ante lo que consideran una escalada de violencia institucional en zonas rurales del país.
La audiencia podría extenderse varios días y culminar con resoluciones judiciales que impacten directamente en el accionar de las fuerzas de seguridad en contextos humanitarios.
