Caso Maradona: productor del documental vinculó a la jueza Makintach ante la Justicia
El productor del documental sobre el escándalo relacionado con el caso Maradona habló y comprometió a la jueza Makintach. José María Arnal Ponti presentó un documento ante los fiscales que investigan si la magistrada incurrió en algún delito.
El productor del documental «Justicia Divina», que se grabó en secreto durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, envió un escrito a los fiscales de San Isidro que están indagando sobre la jueza Julieta Makintach y su posible implicación en un delito.
Según Arnal Ponti, presidente de la productora Ladoble SA, la jueza estaba al tanto de que se estaba grabando un documental que tenía un costo aproximado de 800.000 dólares. «Desde el inicio del proyecto, quienes lo ofrecieron me dejaron claro que la jueza Makintach conocía el contenido y había dado su aprobación para su realización», afirmó.
El productor explicó que el proyecto fue presentado a la productora por Juan Manuel D’Emilio en febrero. La idea fue entregada en forma de guión, y tanto D’Emilio como su socia, María Lía Vidal Aleman, la desarrollaron. Arnal Ponti mencionó que Vidal Aleman era amiga de la infancia de la jueza, lo que facilitaría la generación de la idea original.
Makintach negó inicialmente la existencia del documental, alegando que solo había autorizado la entrada de Vidal Aleman y D’Emilio en la sala de audiencias. Sin embargo, Arnal Ponti aseguró que la jueza nunca participó en las reuniones de la productora sobre el desarrollo del documental y que solo la conoció en un evento el 9 de marzo.
El día de la grabación, Arnal Ponti afirmó que la presencia de la jueza, quien ingresó a un edificio público, no se trataba de una actividad clandestina, sino que estaba autorizada. Además, relató que el 11 de marzo, durante el primer día del juicio, estaban allí para grabar solo a la jueza, en un acuerdo que había sido aprobado por ella a través de Vidal Aleman y D’Emilio. La grabación se realizó con la convicción de que estaban actuando de manera autorizada.
Arnal Ponti también mencionó que las imágenes que se mostraron del documental eran un «teaser» y un «WIP» (Work in progress) que se utilizaban para mostrar la idea del documental y atraer financiamiento de posibles inversores. En mayo, la Justicia ordenó el allanamiento de la productora, donde se entregaron un guion, un teaser y un WIP. Arnal Ponti dejó en claro que los costos fueron asumidos por la productora y que, en caso de que el documental se materializara y generara ganancias, estas se dividirían en partes iguales entre la productora, D’Emilio y Vidal Aleman, sin mencionar ninguna participación para la jueza.
