Caso Maradona: la jueza habría autorizado la recopilación de material para un documental

El escándalo generado el pasado jueves alrededor de la jueza Julieta Mackintach, quien presuntamente autorizó la realización de un documental sobre el caso sin contar con el consentimiento de las partes implicadas (denunciantes e imputados), ha puesto en peligro un debate oral que lleva más de dos meses desarrollándose en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Por ello, la jornada de este martes se perfila como una de las más significativas hasta la fecha. El proceso se reanudará en un ambiente de alta tensión, tras un fin de semana marcado por el avance de una investigación sobre el vínculo de la magistrada con una productora audiovisual. Al parecer, habría dos infiltrados en la sala de audiencias, autorizados por la jueza, que estarían recopilando material para una película.

Esta acusación ha puesto a Mackintach en el punto de mira de la Justicia, ya que, si se verifica, pondría en entredicho su imparcialidad en un juicio donde debe determinar la culpabilidad de siete imputados por la muerte del ícono del fútbol argentino.

La jueza rechaza enfáticamente todas las acusaciones: sostiene que no existe contrato, que no hay documental y que no oculta nada. Sin embargo, dos testigos que ya han declarado en la investigación, iniciada a raíz de una denuncia penal de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry (representantes de Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando, respectivamente), han afirmado que una pareja autorizada por ella grabó imágenes durante las audiencias, una acción prohibida.

Con esta información, cualquier defensor de los acusados puede solicitar desde la recusación de Mackintach, es decir, que se le aparte del tribunal, hasta la nulidad del juicio, lo que llevaría a reiniciar todo el proceso judicial.

Entre el jueves y la noche del lunes, ha habido numerosos llamados entre fiscales, abogados de los familiares de Diego y los representantes de los imputados principales para evaluar la situación y entender las intenciones de cada parte.

A pesar de la incertidumbre, existe una certeza que, por el momento, parece permitir un poco de calma: ninguno de los involucrados desea suspender ni posponer el juicio, y todos -o al menos la mayoría- buscan encontrar la mejor solución para que el debate continúe su curso.