Casanello rechazó nulidad pedida por los Kovalivker en la causa ANDIS
El juez federal confirmó la validez de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucra a la familia dueña de la droguería Suizo Argentina.
El juez Sebastián Casanello desechó este viernes el planteo de nulidad presentado por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La investigación se originó tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y exabogado del presidente Javier Milei, en los que se hablaba de supuestos retornos en la compra de medicamentos. En esas grabaciones, Spagnuolo también mencionó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem como beneficiarios de un porcentaje de las presuntas coimas.
El magistrado remarcó que las conversaciones filtradas, aunque sean privadas, pueden constituir medios de investigación válidos y servir de base para descubrir pruebas que permitan avanzar en la causa.
La defensa de los Kovalivker había argumentado que las grabaciones eran “adulteradas” y “obtenidas de forma ilícita”, y denunció una supuesta “caza de brujas con tinte político”. Sin embargo, el juez ratificó la continuidad de las actuaciones judiciales.
En el inicio de la investigación, la Justicia allanó domicilios de los empresarios y de Spagnuolo. Durante esos operativos, Emmanuel Kovalivker fue detenido en Nordelta con sobres que contenían más de u$s260.000 y $7 millones en efectivo, mientras que su hermano Jonathan logró escapar del lugar. Spagnuolo, en tanto, fue localizado en un country de Pilar con teléfonos, dinero en efectivo, documentación y hasta una máquina de contar billetes.
El caso generó repercusión política: la oposición impulsa en el Congreso la interpelación de Karina Milei y el pedido de revisar compras preadjudicadas a la droguería Suizo Argentina por casi $8.823 millones. Según una investigación de Ámbito, la empresa acumula contratos por más de $100.000 millones con distintas áreas del Estado, incluidos los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa.
Mientras la causa avanza, el juez Casanello ordenó medidas para inmovilizar cajas de seguridad y bienes de los imputados, con el fin de resguardar el curso de la investigación.
