Capitanich propone anular por Ley el DNU «del espionaje» por considerarlo sin control democrático
El senador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo avanzó en una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. El legislador calificó la medida como inconstitucional y alertó sobre los riesgos que, a su criterio, implica para el sistema democrático.
Según Capitanich, el decreto habilita un esquema discrecional y peligroso, al ampliar de manera significativa las facultades de los organismos de inteligencia sin controles democráticos ni debate parlamentario. En ese sentido, cuestionó el uso del DNU para modificar un marco normativo sensible y sostuvo que vulnera la división de poderes y debilita las garantías constitucionales.
El proyecto se apoya, entre otros argumentos, en un análisis del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advierte sobre la posible conformación de una “policía secreta” a partir de las atribuciones otorgadas por el decreto, incluyendo la eventual detención de personas sin orden judicial.
Además, el senador señaló que el DNU otorga un marco de legalidad a prácticas de espionaje antidemocráticas, al expandir las facultades de contrainteligencia y consolidar la lógica del “enemigo interno”. Según indicó, esto podría habilitar tareas de inteligencia por motivos políticos, sindicales o periodísticos, expresamente prohibidas por la legislación vigente.
Otro de los puntos cuestionados es la concentración del presupuesto de inteligencia en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que pasaría a elaborar, administrar y controlar los fondos, configurando —según Capitanich— un esquema opaco que pone en riesgo el control democrático.
También advirtió sobre la creación de la denominada “Comunidad Informativa Nacional”, que integraría datos en tiempo real sin un sistema sólido de control, lo que podría derivar en prácticas de vigilancia masiva e involucrar a organismos como el ReNaPer y la ARCA como ejecutores de la vigilancia estatal.
Más allá del contenido del decreto, Capitanich apuntó contra el mecanismo utilizado y afirmó que el Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por decreto, ya que no se cumplen las condiciones de necesidad y urgencia previstas por la Constitución. En ese marco, reclamó que el Congreso recupere su rol central en el debate de políticas públicas estratégicas.
“Este no es solo un DNU, es la consolidación de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades y concentra poder de manera extrema”, sostuvo el senador, y concluyó que el Congreso debe derogar el decreto para reafirmar la división de poderes y el respeto por los derechos fundamentales.
