Cámara frente a comisaría: investigan posible vulneración de la seguridad pública
La Fiscalía de Sáenz Peña está llevando a cabo una investigación sobre la cámara de videovigilancia instalada frente a la comisaría de Taco Pozo. El fiscal de Investigación Penal Nº 1, César Collado, indicó que el objetivo de la investigación es determinar si la instalación de dicho dispositivo impactó el correcto funcionamiento del servicio de seguridad pública.
El caso se originó tras el hallazgo de la cámara en una vivienda contigua a la comisaría, la cual tiene una visual directa sobre un área donde frecuentemente se reúne el personal policial para coordinar operativos. Collado mencionó que las diligencias comenzaron después de que se hiciera pública la ubicación de la cámara, situada en una ventana del baño de la casa del párroco local, José Luis Steerman. El sacerdote explicó que la cámara fue puesta por un matrimonio que, según él, argumentó razones de seguridad. Steerman enfatizó que no tenía acceso al manejo del dispositivo ni conocimiento de quién lo operaba.
El sacerdote entregó la cámara a la policía, y tras su incautación, el fiscal confirmó que el equipo era controlado de manera remota y carecía de memoria interna, lo que dificulta la obtención de pruebas. “Lo que buscamos es establecer si la instalación de esa cámara afectó el funcionamiento normal del servicio de seguridad pública. No hablamos de espionaje, como se ha mencionado; esa es una terminología de los medios. Nuestro interés es saber si hubo una vulneración en la operativa policial en esa zona”, aclaró Collado.
Además, el fiscal indicó que las personas que colocaron la cámara tienen antecedentes de conflictos con el comisario Daniel Melchiori, incluyendo un procesamiento por incendio y hurto. También estarían ligados a una denuncia reciente por amenazas dirigidas a la hija del comisario. Se ha sabido que esas personas difundieron un video tomado por la cámara en el que se ve a Melchiori en el patio de la comisaría, y han promovido acciones legales, como habeas corpus y restricciones de acercamiento contra el exjefe policial, las cuales, según el fiscal, estarían siendo incumplidas.
Collado explicó: “La misma persona que solicitó una restricción está ahora violando esa medida, hostigando, grabando e incluso gritándole al comisario. Por eso evaluaremos la afectación real y el contexto del conflicto”. Actualmente, la Fiscalía está revisando las actuaciones recibidas para determinar si debe intervenir o remitir el caso al Juzgado de Paz y Faltas de Taco Pozo. “Nos mantenemos imparciales. Nuestro deber es analizar si hubo delito y si se comprometió la seguridad pública, independientemente de los conflictos personales o institucionales que puedan existir”, concluyó el fiscal.
