Bomba política: nuevos dólares y propiedades en la mira de Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la investigación judicial tras conocerse que también hipotecó su departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco, operación mediante la cual obtuvo un préstamo de 100.000 dólares.
Según la información incorporada a la causa que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, el dinero provino de dos acreedoras: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares.
La operación fue realizada el 15 de noviembre de 2024, en coincidencia con la compra de una propiedad por parte de su esposa, Bettina Angeletti, en el country Indio Cua, lo que despertó nuevas dudas en torno a la evolución patrimonial del funcionario.
De acuerdo con la investigación, estas deudas ya figuraban en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, aunque sin mayores precisiones sobre su origen. La operación fue certificada por la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien también intervino en otras transacciones inmobiliarias vinculadas a la familia.
En ese marco, el fiscal convocó a la profesional a declarar como testigo y solicitó documentación sobre todas las operaciones en las que participaron Adorni o su entorno.
La causa se suma a otra investigación que analiza la compra de un departamento en el barrio de Caballito, donde —según consta en los documentos— parte importante del valor habría sido financiada por las anteriores propietarias del inmueble.
Desde la fiscalía sostienen que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, en un expediente que se tramita en el juzgado del magistrado Ariel Lijo.
En paralelo, también se investiga a Adorni por presuntos viajes en vuelos privados hacia Punta del Este, lo que amplía el alcance de las pesquisas en su contra.
Ambas causas avanzan en simultáneo en los tribunales de Comodoro Py, mientras la Justicia busca determinar el origen de los fondos y la legalidad de las operaciones realizadas por el funcionario.
