Barranqueras, una gestión en caída libre: malestar de comerciantes ante la desidia y el abandono municipal
La crisis en Barranqueras alcanzó un nuevo punto de ebullición. Mientras la ciudad se hunde en la desidia, la Municipalidad emitió una polémica notificación que traslada responsabilidades de control directamente a los comerciantes.
Esta medida es vista como el corolario de una gestión que, bajo la sombra de la ahora diputada Magda Ayala y la continuidad del intendente interino Roberto Benítez, parece haber abandonado sus funciones básicas para centrarse exclusivamente en la presión recaudatoria.
La nueva disposición municipal exige a los dueños de comercios fiscalizar que sus proveedores tengan al día el pago anual del derecho de abasto y las actas de reinspección veterinaria. Lo que resulta inaudito es que si el municipio no hace su trabajo de control, el comerciante «solidariamente responsable» puede sufrir la clausura de su local.
Esta transferencia de funciones es el reflejo de una administración que parece haber perdido el rumbo. Se le exige al privado que sea el brazo ejecutor del Estado, mientras la estructura municipal brilla por su ausencia en las calles.
El legado de Magda Ayala y la desidia de Benítez
El malestar comercial no es un hecho aislado, sino la respuesta a años de una gestión que los vecinos califican de «fachada». La herencia de Magda Ayala, ahora desde su banca de diputada, y la gestión interina de Benítez, sumieron a Barranqueras en un estado de abandono total: la recolección de residuos es prácticamente inexistente y los barrios se han transformado en basurales a cielo abierto, la falta de mantenimiento de calles, la iluminación deficiente, y una infraestructura hídrica colapsada, dejando a los vecinos a merced de cada lluvia.
El costo de la incapacidad política
La falta de capacidad o voluntad política de Roberto Benítez para gestionar recursos, sumada a la desconexión con la realidad de Magda Ayala, han creado un vacío de poder donde el único contacto del municipio con el ciudadano es a través de la sanción y el cobro por servicios que no presta.
Esta nueva medida es más burocracia para tapar la ineficiencia. Resulta inadmisible que, bajo la mirada cómplice de una gestión que se autopercibe exitosa desde los despachos, se pretenda convertir al comerciante en inspector y al vecino en recolector de basura. Mientras la dirigencia política se atornilla a sus privilegios y asegura sus cargos, la ciudad queda rehén de una administración que no solo no soluciona los problemas, sino que decide asfixiar a quienes todavía apuestan por trabajar en una localidad sumida en el abandono y la desidia.
