Auditoría fantasma: Milei y Pettovello usaron auditoría inexistente para frenar ayuda social
El Gobierno nacional reconoció oficialmente que nunca se realizó una auditoría sobre los comedores comunitarios, a pesar de haber afirmado lo contrario en reiteradas oportunidades. En 2024, el presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse aseguraron públicamente que, tras una supuesta auditoría, se había comprobado que el 50% de los comedores no existía. Sin embargo, un documento oficial fechado en septiembre de 2025 desmiente esa versión.
La respuesta fue dirigida a la diputada Natalia Zaracho, en el marco de un pedido de acceso a la información pública. Allí se aclara que no existe ningún informe de auditoría conforme a la Ley N.º 24.156. Según el documento, las acciones realizadas se limitaron a «supervisiones» y «verificaciones territoriales» que no cumplen con los criterios metodológicos de una auditoría formal.
La inexistencia del informe fue central en un conflicto que llegó a la Justicia luego de que el Gobierno se negara a entregar pruebas de dicha auditoría, la cual había sido utilizada como principal argumento para suspender la entrega de alimentos a comedores populares. Esta medida afectó a miles de beneficiarios y dejó almacenadas toneladas de alimentos no perecederos que estaban cerca de vencer, y que finalmente fueron distribuidos por la Fundación Conin.
Durante su intervención en el Congreso, Posse había afirmado que «se hizo una auditoría» y que «casi el 50% de los comedores no existían», declaraciones que ahora se revelan infundadas. A pesar de haberse realizado un relevamiento entre febrero y abril de 2024 sobre 2.193 espacios, esto representaba apenas el 6% del total registrado en el RENACOM, que supera los 35.000 comedores y merenderos.
De los espacios relevados, se informó que el 33% ya no funcionaban, el 25% presentaban inconsistencias en los datos y el 16% nunca operaron como comedores en las direcciones declaradas. No obstante, el propio documento oficial admite que estos datos no conforman una auditoría y que no existe informe alguno que avale la cifra del 50% difundida por los funcionarios.
