Atención: ARCA cambia las normas de facturación del monotributo
El organismo nacional implementa nuevas regulaciones que alteran el control tributario. A partir de ahora, la recategorización será semestral y el uso del remito digital será obligatorio. Esta medida puede resultar costosa para los monotributistas que no se mantengan al día.
Con el inicio de mayo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica el régimen tributario de los pequeños contribuyentes. Estas reformas redefinen la relación entre el fisco y los monotributistas, enfocándose en un control cruzado, mayor transparencia y fiscalización digital. La nueva normativa busca alinear el tributo con los ingresos reales y minimizar evasiones.
Desde este mes, todos los inscriptos en el régimen estarán obligados a realizar una recategorización semestral, en febrero y agosto. Durante estos periodos, los contribuyentes deberán revisar sus ingresos de los últimos doce meses y ajustar su categoría si es necesario. En caso de no cumplir con esta obligación, ARCA podrá recategorizarlos automáticamente, aplicando severas sanciones.
Las multas por incumplimiento pueden ser significativas. El nuevo régimen estipula penalidades de hasta el 50% del impuesto no declarado, representando un fuerte impacto para quienes no se mantengan actualizados. Esta estrategia busca desalentar prácticas irregulares y promover una cultura tributaria más transparente. Los controles serán rigurosos y constantes.
Entre las modificaciones más importantes está la implementación obligatoria del remito digital para aquellos que vendan productos con entrega física. El formato en papel será reemplazado por un sistema electrónico que debe generarse desde la plataforma o la aplicación oficial de ARCA. Este comprobante estará vinculado directamente con las facturas emitidas, permitiendo una trazabilidad inmediata de las transacciones.
Además, se introduce una exención específica para quienes alquilen hasta dos inmuebles urbanos sin llevar a cabo otra actividad económica. Sin embargo, este beneficio requiere una rigurosa validación: los contratos deben inscribirse en la AFIP y declararse formalmente ante ARCA. El control se realizará mediante un cruce de datos con registros catastrales y otras bases públicas.
Con un Estado que aumenta los impuestos y el uso de herramientas digitales en crecimiento, evadir o ignorar las obligaciones podría resultar muy costoso.
