Argentina insiste en frenar entrega de acciones de YPF y alertó por daño irreparable

La Argentina ha presentado su defensa ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York en relación a la entrega de acciones de YPF ordenada por la jueza Loretta Preska, en el contexto de un fallo por una indemnización de US$16.000 millones por la expropiación de la compañía petrolera. En su escrito, los abogados del país argumentaron que «la ejecución de la orden de entrega de acciones (mientras se apela) causaría un daño irreparable a la Argentina, ya que revertirla sería prácticamente imposible una vez realizada». Afirmaron también que, en caso de que su solicitud sea rechazada, la Argentina se presentará de manera urgente ante la Corte Suprema de EE.UU.

La ejecución del fallo permanece suspendida mientras las partes presentan sus argumentos, lo cual ya ha ocurrido, y la Corte deliberará al respecto. Recientemente, el grupo Burford, principal demandante, presentó un documento en la Justicia estadounidense criticando al gobierno de Donald Trump por su apoyo a Argentina.

En respuesta a los escritos de los demandantes enviados el 17 de julio en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge, la Argentina ha aportado sus réplicas. En el caso de Petersen/Eton Park, la defensa sostiene varios puntos clave:

• La propia administración de EE.UU. ha reconocido que la orden de entrega de acciones de YPF infringe la inmunidad de ejecución que protege los bienes de estados extranjeros.
• La orden contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU., dado que las acciones de YPF están en territorio argentino, no se han utilizado para actividades comerciales en EE.UU., ni se han empleado en la actividad comercial relacionada con la demanda.
• Atenta contra principios de cortesía internacional, obligando a la República a violar su legislación interna.
• Los demandantes no han probado que sufrirían un perjuicio si se suspende la entrega de las acciones, ya que la ley argentina impide su venta sin la aprobación del Congreso Nacional.
• También no demostraron que Argentina no enfrentaría un daño irreparable si la entrega no se suspende. La transferencia de acciones significaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país, un perjuicio irreversible si finalmente Argentina fuera favorecida en la apelación.
• El interés público es claramente favorecido por la suspensión de la medida, ya que su ejecución perjudicaría a terceros, incluyendo a YPF y sus accionistas, además de comprometer las relaciones bilaterales con EE.UU. y potencialmente provocar represalias judiciales contra EE.UU. en el extranjero.

En cuanto al caso Bainbridge, la defensa argentina sostiene que:

• La parte demandante no justificó la necesidad de una garantía, dado que la legislación argentina preserva el statu quo, impidiendo la transferencia de acciones sin aprobación del Congreso.
• Asimismo, no demostraron que sufrirían perjuicio si se suspende la entrega de las acciones.
• Tampoco comprobaron que Argentina no enfrentaría un daño irreparable si se ejecuta la orden, ya que perder las acciones de YPF causaría un perjuicio irreversible.

Desde la Procuración del Tesoro, se enfatizó que «el Gobierno nacional seguirá defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y respeto a la soberanía, en contraste con la inacción de quienes nos llevaron a esta situación». Con los argumentos presentados por las partes, la justicia estadounidense tomará una decisión en las próximas horas o días sobre si accede a la solicitud argentina de suspender la entrega de acciones de la petrolera durante el proceso de apelación, lo que puede resolverse con o sin garantías, o si se mantendrá la orden de Preska de forma inmediata.