Aranda se negó a declarar en la causa que investiga la «desaparición» de $10 millones que eran para viviendas
Este martes, la secretaria general de la CGT del Chaco, Graciela Aranda, se abstuvo a declarar ante la fiscal en la causa que investiga la «desaparición» de $10 millones, que el año 2014, la sindicalista pidió en concepto de pago de terrenos para un plan de viviendas que nunca se concretó y afecta a unas 100 familias.
En el año 2014, unas 100 familias adheridas al Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, accedieron a pagar por una vivienda, suma que ascendió a los $10 millones. Sin embargo, más de cinco años después, la obra del nuevo barrio judicial de Sáenz Peña, nunca se inició.
Los damnificados denunciaron el hecho como «presunta estafa» ante la Fiscalía de Investigaciones de dicha localidad, y la causa tiene como imputados a: Graciela Aranda, quien por ese entonces se desempeñaba como titular del Sejch y sería la más complicada, ya que los $10 millones y los terrenos, habrían ingresado al patrimonio de una fundación que ella preside y que tiene sede en su domicilio particular; Miguel Ramos, referente del Sejch en Sáenz Peña; y Luis Vargas, de la Asociación Bancaria de la misma localidad.
Los tres fueron citados a declarar por la fiscal Liliana Lupi, quien lleva adelante la investigación, pero se abstuvieron. La funcionaria judicial impuso cauciones por $8 millones y $12 millones, a Ramos y Vargas respectivamente.
Tras la denuncia, Aranda había presentado en 2017 los documentos correspondientes al plan de viviendas donde se detalla por qué el barrio judicial no se había construido hasta el momento. Sin embargo, la causa había quedado estancada desde ese entonces, hasta que se la citó a prestar declaración ayer.
El abogado querellante de 25 de las familias damnificadas, el doctor Carlos De Césare, en declaraciones a Noticiero 9, comentó que la gremialista ayer «hizo uso de su derecho constitucional y no declaró». Además, mencionó que la imputada «determinó cambiar su abogado defensor». Por el momento, aseguró que el proceso judicial «continúa con normalidad».
En cuanto a las familias damnificadas, el abogado querellante informó que «las viviendas que debían construirse a partir del plan -que tenía como responsables a Aranda, Ramos y Vargas- se realizarán a través de un plan nacional. En aquel momento, las viviendas estaban valuadas en un total superior a los $10 millones, que jamás fue retribuido a los damnificados».
