Aradas impulsa un sistema de vecinos para controlar la basura ilegal
El Concejo Municipal de Resistencia volvió a debatir la propuesta para crear la figura del “vecino supervisor”, un sistema que busca involucrar a ciudadanos voluntarios en la denuncia de basurales clandestinos y del vertido ilegal de residuos en la vía pública.
La iniciativa es impulsada por el presidente del cuerpo legislativo, Alejandro Aradas, quien planteó la creación de un registro oficial de vecinos que funcionen como nexo entre la comunidad y el municipio en cuestiones vinculadas a la limpieza urbana.
Según explicó el concejal, el proyecto surge ante el crecimiento de basurales a cielo abierto en distintos sectores de la ciudad. “Los vecinos han intercedido en numerosas ocasiones, lo que nos permitió sancionar a personas, empresas y vehículos que arrojan residuos en la vía pública”, señaló.
Un registro con identidad protegida
La propuesta prevé conformar un padrón de vecinos supervisores, especialmente en barrios donde no existen comisiones vecinales activas. La idea es institucionalizar una práctica que ya ocurre de manera informal, ya que gran parte de las denuncias que recibe el municipio provienen de ciudadanos que registran irregularidades con fotos o videos y las difunden en redes sociales.
El proyecto también contempla la protección de la identidad de quienes realicen las denuncias. “No vamos a hacer público el nombre del vecino que denuncia, pero sí contaremos con pruebas como imágenes o videos”, aclaró Aradas, al explicar que la medida busca evitar posibles represalias.
Multas y cámaras para reforzar el control
La propuesta forma parte de un conjunto de medidas destinadas a mejorar el control ambiental en la ciudad. Entre ellas se encuentra una iniciativa para aumentar las multas a quienes arrojen residuos en la vía pública y un plan para instalar cámaras de vigilancia en avenidas alejadas del microcentro.
Aradas mencionó incluso la experiencia de municipios de Córdoba que aplican “fotomultas” para sancionar a quienes arrojan basura ilegalmente, un modelo que podría evaluarse para su implementación en la ciudad.
El desafío para su aprobación
Para que la iniciativa se concrete será necesario modificar el Código Ambiental municipal, lo que requiere el apoyo de al menos ocho votos dentro del Concejo. El bloque oficialista no cuenta con ese número por sí solo, por lo que deberá alcanzar consensos con otros sectores políticos.
En paralelo, también se analiza otro proyecto vinculado al ordenamiento del espacio público: una ordenanza destinada a erradicar el cobro ilegal de los llamados “trapitos” en zonas con estacionamiento medido, propuesta que necesitaría mayoría simple para su aprobación.
