Alertan que la modificación a la Ley de Glaciares permitirá una “contaminación irreversible”
El Gobierno nacional está promoviendo modificaciones a la Ley de Glaciares con el fin de flexibilizar las normas que actualmente protegen estos ecosistemas, lo que podría favorecer a las industrias extractivas. Especialistas han expresado sus preocupaciones sobre los riesgos ambientales que conlleva esta iniciativa, incluyendo el incumplimiento de acuerdos internacionales y la ignorancia de sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
Eduardo Malagnino, doctor en Ciencias Geológicas y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que esta flexibilización reducirá las áreas protegidas y causará un daño ambiental significativo. El nuevo decreto permitirá la instalación de actividades mineras y de hidrocarburos en zonas que antes estaban resguardadas, además del uso de sustancias químicas y la construcción de infraestructura no científica. Solo las áreas compuestas exclusivamente de roca o escombros activos, que tengan al menos una hectárea y dos años de antigüedad, mantendrán su estatus de protección.
Malagnino subrayó que aunque se argumenta que la modificación no afectará directamente a los glaciares, la actividad minera en ambientes periglaciares resultará en la contaminación irreversible de los recursos hídricos. Esto se debe a que los emprendimientos generan particulados que pueden afectar negativamente los glaciares, acelerando su derretimiento y, por ende, contaminando ríos y lagos.
Los glaciares, que constituyen una fuente crucial de agua dulce, son considerados por la ONU como vitales para el equilibrio del planeta, ya que almacenan alrededor del 70% del agua potable. Argentina cuenta con aproximadamente 17,000 cuerpos de hielo, que abarcan una superficie de 8,484 km², concentrándose principalmente en la Cordillera de los Andes.
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, recordó que la Ley de Glaciares fue sancionada en 2010, pero desde entonces ha enfrentado ataques de lobbies mineros y empresas transnacionales que buscan anularla. En 2019, la Corte Suprema reafirmó la validez de la ley, rechazando los argumentos de varias empresas mineras que intentaban socavar su aplicación.
Viale destacó que la legislación ambiental en Argentina establece normas de protección mínima, y las provincias pueden implementar regulaciones más estrictas, no menos. Cree que esta nueva modificación intentará debilitar la protección que tienen los glaciares y facilitará a las corporaciones mineras su explotación.
Finalmente, advirtió que el decreto podría ser declarado inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental, que prohíbe retroceder en términos de protección ambiental, un principio respaldado por el Acuerdo de Escazú, del cual Argentina es firmante.
