Aída Ayala absuelta en la causa PIMP: Casación anuló su condena por fraude y cerró la causa
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó por unanimidad la condena dictada en 2024 y absolvió a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y a otros seis imputados en la causa conocida como «Lavado II» o “PIMP SA”.
El máximo tribunal penal del país resolvió que no existieron pruebas suficientes para sostener que Ayala hubiera direccionado contrataciones durante su gestión municipal. Con esta decisión, se anula la condena que en 2024 la había sentenciado a tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $90.000.
La investigación iniciada en 2018, analizaba presuntas maniobras de fraude vinculadas a contrataciones del servicio de recolección de residuos en el municipio de Resistencia, que habrían beneficiado a la firma PIMP SA, presuntamente vinculada al sindicalista Jacinto Sampayo.
En el juicio oral realizado en 2024, el Tribunal Oral Federal de Resistencia había condenado a Ayala y a otros seis imputados, incluyendo exfuncionarios y empresarios, por fraude contra la administración pública. Sin embargo, Casación determinó que la sentencia se basó en inferencias sin respaldo probatorio y que los procesos administrativos cuestionados fueron realizados dentro del marco legal.
Fallo unánime
La Sala IV de la Cámara, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, resolvió: “Dejar sin efecto la sentencia recurrida (…) y, en consecuencia, absolver a Aída Beatriz Máxima Ayala, Daniel Alejandro Fischer, Carlos Secundino Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Eulalio Alfredo Bouza, Rolando Javier Acuña y Luis Guillermo Escobar”.
Además, establece que no habrá costas para los absueltos y se ordena la devolución de los bienes secuestrados durante la investigación.
La abogada defensora de Ayala, Olga Mongelo, explicó en declaraciones a Noticiero 9 que la absolución no fue una nulidad técnica, sino una confirmación plena de la inocencia de su defendida. Según indicó, la decisión también archiva causas derivadas y libera todos los bienes retenidos durante el proceso judicial.
Ayala, por su parte, cuestionó la lentitud de la Justicia y afirmó que los procesos judiciales prolongados, sin fundamentos, son una forma de violencia institucional.
Con esta resolución definitiva, Aída Ayala recupera la posibilidad de ejercer cargos públicos, ya que queda sin efecto la inhabilitación que pesaba sobre ella.
El fallo genera además un precedente en causas de alto perfil vinculadas a presuntos hechos de corrupción, donde Casación exige rigurosidad probatoria y rechaza las condenas basadas en presunciones.
