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A 11 años de la muerte de Nisman, foco judicial en la inteligencia

Este 18 de enero se cumplen once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero. A más de una década del hecho, la causa judicial continúa abierta, sin juicio oral ni responsables materiales identificados, aunque la fiscalía sostiene que se trató de un homicidio vinculado a su labor al frente de la UFI-AMIA.

Nisman investigaba el atentado contra la AMIA y días antes de morir había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los responsables iraníes. Según el fiscal federal Eduardo Taiano, las pruebas reunidas permiten afirmar que la muerte no fue un suicidio y que estuvo directamente relacionada con su trabajo como fiscal.

La investigación atravesó distintos fueros hasta quedar en manos de la Justicia federal. En ese recorrido, uno de los puntos más cuestionados fueron las irregularidades en la escena del hecho, ocurridas durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. Por esas presuntas fallas, en diciembre de 2025 Taiano solicitó la indagatoria de la exfiscal Viviana Fein, quien estuvo a cargo del expediente en un primer momento.

Entre las anomalías señaladas figuran la presencia de más de 80 personas en el departamento antes de preservar pruebas, demoras en los procedimientos y deficiencias en el resguardo del baño donde fue encontrado Nisman. Estas situaciones, según la fiscalía, dificultaron gravemente la recolección de evidencias clave.

En paralelo, la causa volvió a poner el foco en el rol de los servicios de inteligencia. El expediente menciona vínculos de Nisman con agentes de la exSIDE y comunicaciones registradas en las horas previas a su muerte. También se analizan posibles acciones de una supuesta “inteligencia paralela”, hipótesis que involucra a exfuncionarios y exespías, aunque varias de esas líneas permanecen bajo secreto.

A once años del hecho, la Justicia logró sostener la hipótesis de homicidio, pero el caso sigue marcado por demoras, controversias y preguntas sin respuesta sobre los autores y las responsabilidades políticas e institucionales.

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