30 días para atender reclamos: el plazo establecido para obras sociales y prepagas
Se implementarán sanciones más estrictas, un ranking público y criterios objetivos para poner fin a años de arbitrariedad.
Después de años de dilaciones, la Superintendencia de Servicios de Salud ha decidido implementar un nuevo sistema para gestionar denuncias, irregularidades y sanciones a obras sociales y compañías de medicina prepaga. Esta reforma estructural tiene como objetivo asegurar respuestas más rápidas y efectivas para los beneficiarios del sistema de salud argentino.
El cambio más relevante es que las entidades deberán resolver las denuncias en un periodo máximo de 30 días hábiles a partir de su notificación. Asimismo, deberán responder a los requerimientos del organismo en no más de cinco días corridos. Anteriormente, estos procesos podían demorarse hasta dos años sin sanciones efectivas.
Fin de la arbitrariedad y establecimiento de reglas claras
Uno de los fundamentos del nuevo procedimiento es la implementación de criterios objetivos y sanciones proporcionales en relación a la gravedad de la infracción y la reincidencia. Esto pone fin a un sistema opaco, donde a menudo las decisiones se basaban en criterios poco claros y arbitrarios.
Las nuevas normativas también tendrán repercusiones económicas reales: las multas se calcularán en módulos, cuyo valor corresponde al haber mínimo jubilatorio. Según la reforma puesta en marcha en mayo de 2024, las sanciones pueden oscilar entre cinco y 100 módulos, lo que podría representar más de 30 millones de pesos por cada infracción. Hasta entonces, los agentes de salud podían eludir responsabilidades mediante un pago voluntario de apenas 35 mil pesos.
Transparencia para el usuario y libertad de elección
Otra novedad importante es que las sanciones serán públicas. La Superintendencia creará un ranking institucional de cumplimiento, que permitirá a los usuarios conocer qué entidades cumplen con sus obligaciones y cuáles no. Esto tiene como finalidad fomentar la elección libre de cobertura basada en información clara, generando una competencia real y protegiendo a quienes cumplen.
Con esta iniciativa, el organismo busca recuperar su rol fiscalizador. De acuerdo con esta nueva lógica, la carga de la prueba se invierte: serán las obras sociales y prepagas las que deberán demostrar que cumplen con lo que exige la ley. Además, esto pretende desincentivar la judicialización de la salud, un problema estructural que sobrecarga el sistema y deja a los pacientes sin respuestas adecuadas.
Un sistema que recompensa el cumplimiento
El nuevo enfoque también protege a aquellos que cumplen. La Superintendencia aspira a establecer un marco equitativo que premie la buena gestión y sancione a quienes incumplen, devolviendo credibilidad al sistema y resguardando los derechos de los beneficiarios.
Esta medida forma parte de un proceso más amplio que busca reorganizar el sistema, garantizar un mercado más transparente y fortalecer la competencia basada en la calidad del servicio, no en privilegios ocultos ni favoritismos.
